Sentencia vitalicia se logra con política cero impunidad
Con la política del Gobierno Federal de Cero
Impunidad, se logró una sentencia vitalicia y otras de hasta 171 años de
prisión contra delincuentes, informó el subsecretario de Seguridad Pública de
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio.
Al presentar el informe del 11 al 24 de
junio, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador,
destacó la sentencia vitalicia a Lev Norman “N”, por el feminicidio de Lucero
Jazmín “N”, y 46 años y dos meses más por el homicidio del hermano de la propia
Lucero, en San Mateo Atenco, Estado de México.
Otra de 171 años y 6 meses de prisión a
Jesús “N” y una más de 115 años a Eduardo “N”, por los delitos de homicidio
calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y homicidio contra
servidores públicos en grado de tentativa, en Valle de Santiago, Guanajuato.
En su reporte, el funcionario también
señaló detenciones relevantes como la de Carlos “N”, por la desaparición
cometida por particulares, en Cerocahui, Chihuahua, junto con quien fuera el
líder criminal de Urique, José Noriel, alias “El Chueco” y otros hombres
armados.
La de Daniel “N”, presunto integrante
del grupo delictivo “La Familia Michoacana”, acusado del homicidio de una
persona que se negó a comercializar droga en Chicoloapan, Estado de
México.
Además la de Joaquín Jonathan “N” y
Brayan Manuel “N”, por el asesinato de seis integrantes de una familia, cuatro
mujeres y dos menores, en León, Guanajuato.
En vinculaciones a proceso resaltó la de
María del Rosario “N”, por su presunta participación en los delitos de
desaparición cometida por particulares, homicidio calificado, feminicidio y
tortura de tres hermanos de apellidos González Moreno, en Guadalajara, Jalisco.
La de Diana “N” por el homicidio de
Ricardo Arizmendi Reynoso, candidato
suplente a la alcaldía de Cuautla en las pasadas elecciones, y el feminicidio de una de sus trabajadoras.
El subsecretario presentó un caso de
obstáculos para la impartición de justicia en el Centro de Justicia Penal
Federal de Nuevo León, donde las audiencias iniciales y de juicio oral de temas
fiscales sufren demoras significativas, en clara violación del derecho a una
justicia expedita.
Detalló el caso de tres jueces que favorecen
a presuntos delincuentes.
El primero, el juez Gregorio Salazar
Hernández, quien dejó sin efectos la prisión preventiva justificada de
Janet Miriam “N”, investigada por su supuesta participación en los delitos de
peculado y delincuencia organizada, así como el desvío de 5 mil 112 millones de
pesos. Además, ordenó su libertad sin cubrir los trámites de egreso
obligatorios y le permitió su salida directamente de la sala de audiencia.
El segundo, es el de la jueza María del
Carmen Sánchez Cisneros, quien determinó la suspensión provisional al ex dirigente
de un partido político en la Ciudad de México, Cuauhtémoc “N”, contra cualquier
orden de aprehensión, presentación o ejecución, tras pagar una garantía por 87
mil 500 pesos. Sin embargo, continúa en prisión preventiva por el delito
de trata de personas.
En el tercero, el subsecretario
Rodríguez Bucio explicó que integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal
y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito en Querétaro, concedieron a Luis
Antonio “N”, alias “El Monedas”, hijo de José Antonio, “El Marro”, y dos
cómplices, una suspensión provisional para dejar sin efecto la prisión
preventiva oficiosa.
En cumplimiento a la resolución del
Colegiado, la jueza María del Refugio Castañeda Guillén hizo cambio de medidas
cautelares e impuso la presentación periódica y una garantía económica, además,
apercibió a la titular del Cefereso Número 12 de Guanajuato para dar acatar su determinación en un lapso
de 24 horas, y le impuso multas por 200, 400 y 600 UMAS.
En materia de extradiciones, dijo, se
realizaron dos hacia la Corte de California y una a la de Nueva York, por
homicidio, tentativa de homicidio, homicidio en segundo grado de un bebé,
homicidio intencional, toma de rehenes y asociación delictuosa.