Necesaria una acción más determinante contra prestamistas abusivos: Mónica Valdez

 Necesaria una acción más determinante contra prestamistas abusivos: Mónica Valdez

-Recordó que a raíz de la etapa de confinamiento generada por la pandemia, en el estado como en el país proliferaron aplicaciones para el préstamo de dinero, en donde se abusa de la necesidad de las personas

Es necesario que en México y estados como Michoacán existan acciones más determinantes contra quienes, abusando de la necesidad de las personas, prestan dinero cobrando grandes cantidades de intereses y burlando la Ley que los regula, apuntó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada por el Distrito de Zacapu recordó que a raíz de la etapa de confinamiento generada por la pandemia, en el estado como en el país proliferaron aplicaciones para el préstamo de dinero, en donde se abusa de la necesidad de las personas con intereses altísimos, violaciones al contrato, amenazas, hostigamiento y difamación.

“Esta situación representa una conducta reprochable en cuanto es el beneficio abusivo que se obtiene de una obligación pactada entre dos o más personas, con prácticas que son incluso constitutivas de delito”.

Mónica Valdez expresó que este tipo de prácticas han llegado a niveles graves no obstante que la legislación contempla medidas para combatirlas, sin embargo en la práctica resulta sumamente complicado acreditar elementos constitutivos delito, ya que las referidas aplicaciones se rigen por leyes fuera de las fronteras mexicanas, lo que propicia un alto índice de impunidad.

“Estas prácticas usureras son disfrazadas o simuladas hábilmente por personas sin escrúpulos que lucran con la necesidad y la desventaja económica de las personas que, no pudiendo acceder a instancias de crédito regulares, se ven obligadas a echar mano de las aplicaciones para solucionar problemas inmediatos”.

La legisladora destacó la importancia de generar medidas apremiantes que permitan salvaguardar el derecho patrimonial de las personas, ya que estas situaciones afectan directamente los recursos de las personas, generándoles un detrimento irreparable.